La iniciativa -impulsada por el legislador a cargo de las audiencias sobre la despenalización del aborto que comenzaron el último martes y su par de bancada Samanta Acerenza- establece, como en la mayoría de los proyectos, la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, pero estira al plazo cuando se trata de una violación o estuviera en peligro la vida de la madre, informa la agencia Télam.
Además, habilita a los profesionales de la salud a tener el derecho de "ejercer la objeción de conciencia para intervenir en los procedimientos de interrupción del embarazo" y fija que deberán manifestar su decisión por escrito dirigida "a las instituciones a las que pertenecen".
También señala que "los establecimientos de salud que brinden atención obstétrica y ginecológica deberán garantizar las prácticas médicas que se requieran para la interrupción voluntaria del embarazo, o en su defecto proceder a la oportuna y correcta derivación".
En el proyecto se incorporan penas que van desde multas de 10 a 100 salarios mínimos hasta la clausura total o parcial del sanatorio por el incumplimiento de esta ley, sanciones que serán reguladas de acuerdo a la gravedad de la infracción.
Por otro lado, el proyecto establece que "será reprimido con prisión de 3 a 10 años el que causare un aborto sin consentimiento de la persona gestante", pena que podrá elevarse hasta 15 años "si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer".
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