Desde Paraná, provincia de Entre Ríos, asociaciones civiles que atienden a niños, jóvenes y adultos con discapacidad advierten que el Gobierno les paga las prestaciones hasta con seis meses de atraso y les realiza quitas del programa Incluir Salud y de las Pensiones No Contributivas (PNC) sin emplear criterios claros que les permitan planificar sus gastos.
La Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (APANA), con una trayectoria de 51 años al servicio de las personas con discapacidad, se ve seriamente afectada ante la falta en la continuidad de los pagos del programa Incluir Salud. "Día a día resulta muy difícil sostener la atención", coinciden su directora, Cristina Ripari, y su vicedirectora, Miriam Berón.
APANA funciona con dos modalidades: centro de día y formación laboral, presta servicios de transporte domiciliario especial y también brinda desayuno, almuerzo y merienda.
En tanto, las autoridades de la Escuela Integral N°19 "Ntra. Sra. de la Divina Providencia”, del Centro de Día “Don Uva" y de la Cooperadora San Francisco de Asís advierten que reciben los pagos hasta con seis meses de atraso y se les realiza quitas de Incluir Salud y de las Pensiones No Contributivas (PNC) sin emplear criterios claros que les permitan planificar sus gastos.
Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).
"Nuestra institución, que asiste a 120 personas con discapacidad en diferentes modalidades, está atravesando momentos muy difíciles que la colocan en peligro de cierre", explicó a telefenoticias.com.ar la Hna. Carmen Patat, licenciada en Psicopedagogía y apoderada legal de la Escuela Integral N°19 y del Centro de Día "Don Uva".
Este año las hermanas, oriundas del sur de Italia, cumplen 30 años de servicio en la Diócesis de Paraná, donde en 1989 fundaron la Congregación Siervas de la Divina Providencia. Su carisma es el cuidado y la atención a las personas con necesidades especiales, disminuidas físicas y mentales, o que tienen demencias. Pero dichas funciones se ven cada vez más limitadas por las acuciantes finanzas.
Idénticas condiciones vivencia la Cooperadora San Francisco de Asís, que asiste a personas con discapacidad profunda.
La Agencia Nacional de Discapacidad (AND) -ente creado en septiembre del 2017 tras la eliminación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales -, es la encargada de abonar los servicios de los beneficiarios de las PNC y de Incluir, mientras que con relación a Incluir "provincializó" el transporte.
Para las instituciones, los fondos del Incluir Salud siguen siendo nacionales. Incluir les pagó en diciembre pasado los meses de julio, agosto y setiembre de 2018. Es decir que hay deudas que datan desde octubre del año pasado. ¿Qué sucede con el otro programa, el de PNC? Lamentablemente, esos reintegros son aún más irregulares.
Es sabido que 2018 finalizó con una inflación anual del 47,6%, según datos del Indec. Sin embargo, la AND no actualiza los valores del nomenclador de discapacidad. Y las entidades ya tocaron fondo, como ocurrió el año pasado con el Cottolengo Don Orione.
La grave situación de los tres establecimientos entrerrianos es la misma que viven cientos de instituciones que se dedican a la asistencia de personas con discapacidad en todo el país.
“No hay estudio de costos actualizado a la inflación y al costo de vida. A algunas instituciones les dieron aumentos del 8 por ciento, a otras del 15 y a algunas del 30 por ciento”, muy por debajo de la inflación del año pasado, señaló por su parte el sacerdote Pablo Molero, a cargo de la Comisión de Personas con Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
IOSPER
El pasado 1° de marzo un grupo de padres autoconvocados de Paraná fueron recibidos por autoridades de la cartera de Salud de Entre Ríos para atender a sus justificados reclamos: la falta de respuesta por parte del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) a las necesidades de sus hijos y familiares con discapacidad, retraso en los reintegros, falta de providencias (autorizaciones), requisitos abusivos para prestaciones que eran autorizadas con anterioridad, cobertura de transporte, de maestras integradoras y de acompañantes terapéuticos, mala organización y coordinación de Programas Específicos, centralización en la Agencia Paraná 1, falta de personal y de capacitación, tomas de decisiones unilaterales y ausencia de comunicación.
Todo esto hace que en IOSPER la realización de un trámite se haya tornado cada vez más burocrática y lenta, tiempo que atenta contra las propias instituciones de discapacidad. Según una reciente normativa, la obra social no pagará prestaciones con retroactividad, sino a partir de las providencias; sin embargo, IOSPER no otorga autorizaciones. Un círculo vicioso que deja claramente sin fondos a los prestadores.
"Nuestros hijos arrancaron la escuela sin acompañantes terapéuticos, sin las providencias, sin transporte y con deudas de hace seis meses", afirmaron. De esta manera, se incumple la Ley Nacional de Discapacidad, que garantiza atención y rehabilitación para sus hijos.
Para este jueves 28 de marzo los familiares de personas con discapacidad de IOSPER convocan a través de redes sociales a una toma pacífica de la obra social para exigir respuestas.
Falta de transporte
El desfinanciamiento de las políticas de discapacidad abrió un nuevo capítulo hace unos días cuando buena parte de los más de 2.500 transportistas que se encargan de trasladar a personas con discapacidad no aceptó la propuesta de aumento planteado por las provincias porque “no cubren sus costos” y “de aceptarla, irían a la quiebra”, según apuntó el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
#Discapacidad Beneficiarios del programa #IncluirSalud -"dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas"-en todo el país comenzaron el año sin poder acudir a las prestaciones que requieren pic.twitter.com/s69zmEyito
— Gabriela Cerioli (@gabrielacerioli) 8 de marzo de 2019
“Existen comentarios sobre que los transportistas no quieren ser auditados, lo que no es cierto, pero lo que no se dice es que el presupuesto ofrecido a las Provincias no alcanza para cubrir los reales costos que este servicio implica”, sostienen desde el Foro.
La crisis que atraviesan los transportistas no es algo nuevo y se acentuó en los últimos meses de escalada inflacionaria y de retrasos en los pagos del programa Incluir Salud desde que la Agencia Nacional de Discapacidad lo traspasó a los gobiernos provinciales.
El pago por ese servicio son a 60 días y buena parte de los choferes aún no cobraron diciembre de 2018, informaron desde el Foro.
Los representantes de familiares de chicos y jóvenes con discapacidad agrupados en ese colectivo advirtieron que “la pérdida del transporte trae como consecuencia la pérdida de la prestación institucional, debido a la imposibilidad” que varias de ellas tienen para trasladar a sus familiares.
“Hay familias que ya no pueden llevar a sus chicos a los centros terapéuticos y educativos”, remarcó el padre Molero.
La situación no solo es de crisis para los transportistas, sino también para las instituciones, lo que demuestra el desinterés oficial sobre la discapacidad. “Durante el primer año, al Gobierno parecía interesarle el tema, luego nos dijeron que les seguían importando los chicos, pero la realidad indica otra cosa”, evaluó Molero en diálogo con el diario Página 12.
Para ejemplificar, recordó las pensiones por discapacidad “que sacaron”, las trabas para obtenerlas y las complicaciones en los trámites para obtener los certificados de discapacidad.
“La explicación siempre fue que esto se debió a la corrupción kirchnerista. Entiendo que pudo haber casos de otorgamiento de pensiones discrecional, pero lo que hoy hay es una quita de derechos”, concluyó.
¿En un año electoral mejoran las perspectivas? Desde las instituciones llegan a la conclusión de que las autoridades no se ocupan porque “la mayoría de las personas con discapacidad no votan”.
Foto: Centro de Día “Don Uva", Paraná, Entre Ríos
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