La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, utilizó las redes sociales para sumarse al debate que se abrió sobre los regímenes de jubilaciones especiales tras la Ley de Emergencia que aprobó el Congreso la semana pasada, y aclaró que los legisladores no cobran jubilaciones de privilegios.
"Los diputados no perciben jubilación de privilegio desde el 2002. Soy autora de ese proyecto. Mi jubilación es bajo el régimen general y también me suspenden la movilidad", fue el primer tuiter que Carrió publicó en las redes el fin de semana.
Luego de ese primer mensaje, la diputada decidió subir un video porque quiere "hacer algunas aclaraciones, ya que mucha gente está muy confundida", sostuvo la legisladora a través de la misma red social.
Insert de Video
Carrió decidió comunicar sus opiniones a través de las redes, pero no dando entrevistas ni declaraciones a la prensa, según informaron a Télam sus voceros al ser consultados al respecto.
En el primer tramo del video, la legisladora volvió a remarcar que "los diputados no tenemos jubilaciones de privilegio", y detalló: "Yo me jubilo con muchísimos aportes: 25 (años) como legisladora, 10 u 11 en el Poder Judicial".
Carrió afirmó que los legisladores están sometidos al régimen general, que tienen tope, que pueden ser suspendidos e indicó que en su caso al jubilarse, a partir de marzo, va a cobrar la cuarta parte de lo que cobraría como jubilada de su sueldo a 30 años, cuando tenía nivel de juez de cámara.
La legisladora reiteró además sus críticas al proyecto aprobado por el Congreso sin el acompañamiento de su bloque: "La estafa es colosal, porque ahora se dieron cuenta de que la cláusula aseguraba a todos los jubilados no perder poder adquisitivo y esto es lo que suspendieron. Tenían que pagar la inflación de seis meses y esto es lo que no nos pagan. No pagan a nadie".
El proyecto oficial
El Gobierno evalúa aplicar una contribución del 21% a las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores, más un aporte extraordinario de 7 puntos a quienes cobren un haber jubilatorio superior a los 100 mil pesos.
Este lunes estaba previsto que el presidente Alberto Fernández convocara a la Comisión encargada de definir un nuevo régimen de movilidad previsional y que firme un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para congelar las jubilaciones de privilegio a jueces y embajadores.
Dentro de los próximos 180 días, el Gobierno prometió definir cómo será la nueva movilidad para los haberes jubilatorios, además de un esquema de contribuciones para los denominados "Regímenes especiales", más conocidos como "jubilaciones de privilegio".
Recientemente, Fernández consideró que "el sistema de jubilación de la Argentina es muy confuso. Hay regímenes especiales que en algunos casos son verdaderamente de privilegio".
"No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio de las jubilaciones es en el caso de los jueces y de los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares y demás, entonces las jubilaciones son muy importantes", explicó el jefe de Estado, en declaraciones periodísticas.
Durante el último fin de semana, el Presidente prorrogó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero, e incluyó el proyecto de ley para modificar la Ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
También, se suma otro proyecto para introducir cambios a la Ley 22.731, que establece el régimen jubilatorio para el personal del servicio exterior de la Nación.
En este marco, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ya aprobada por el Congreso, establece en su artículo 56 que "el Poder Ejecutivo Nacional convocará a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia para que en el plazo de 180 días".
También dispone que la cartera "revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial, y proponga al Congreso las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales".
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