Los allanamientos, ordenados por el juez federal Luis Rodríguez, se enmarcan en la investigación de la causa y se llevaban a cabo tras un pedido de la fiscal federal Alejandra Mángano.
Este martes se procedió al registro de los domicilios que actualmente estarían vinculados a los investigados, "exceptuando aquellos que están alquilados a terceros o deshabitados", indicaron fuentes judiciales.
El objetivo de los procedimientos es obtener "evidencias, objetos, bienes, dinero, documentación (información concerniente a cuentas bancarias, escrituras, actas de constitución de sociedades, declaraciones juradas, extractos bancarios, recibos, contratos de locación, etc.) que sirva para avanzar en el descubrimiento de todos los bienes que pudieren formar parte de ese incremento patrimonial injustificado atribuido al funcionario", explicaron a Clarín fuentes de la causa.
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