Moreno mudó la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil el lunes por la noche, cuando comenzó a llegar a la capital el grueso de los representantes y activistas de las comunidades indígenas que encabezan la reacción contra el aumento de los precios de los combustibles decidido la semana pasada por el presidente en acuerdo con el FMI.
Esa medida mereció el inmediato rechazo de indígenas, transportistas, sindicatos y público en general, a la vez que dio paso a una serie de violentas protestas y enfrentamientos con la policía, con algunos actos de vandalismo y el resultado de más de 500 detenidos, informa Télam.
Los movimientos indígenas se preparan mientras en Quito para una asamblea que exigirá la derogación de la norma que eliminó los subsidios a los combustibles, con su consecuente impacto en los precios de las naftas de mayor consumo, y el cese de la represión policial.
Moreno dijo en varias ocasiones que no dará marcha atrás con su decisión y acusó a los seguidores del ex presidente Rafael Correa de orquestar las protestas.
"Es el correísmo organizado", dijo un portavoz del gobierno, quien sin embargo no dio ningún detalle de la supuestas conspiración en marcha.
A su vez, Correa pidió hoy el adelantamiento de las elecciones para garantizar la paz entre ecuatorianos.
"Hoy el Presidente mantendrá una agenda básicamente política en Guayaquil", dijo a los periodistas Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones.
El funcionario añadió que un llamado oficial al diálogo sigue abierto y que se ha logrado que las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal trabajen en una mesa de negociación con el sector indígena.
"Si el sector indígena ha decidido estar en Quito, que lo haga de forma pacífica, el momento en que haya las condiciones necesarias para que no exista derramamiento de sangre, el Presidente volverá a la ciudad de Quito", apuntó Michelena.
En cambio, el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, dijo que se ha "parado una intentona golpista".
El 3 de octubre pasado, Moreno impuso el estado de excepción ante la huelga en el transporte público, que impedía la libre movilidad de la población, y para desactivar actos de grupos "violentos" que, según dijo, estaban plenamente identificados.
El respaldo de la región
Lenín Moreno, en jaque por masivas protestas, recibió este martes el apoyo de la Secretaría de la OEA así como de siete países latinoamericanos que rechazaron "toda acción" de desestabilización por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro.
"Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay manifiestan su rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos y expresan su firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno", indicaron los países en un comunicado difundido por la cancillería colombiana.
Las manifestaciones contra los recortes instaurados por el gobierno de Moreno -en el marco de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4.209 millones de dólares- dejan hasta ahora un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Almagro, condenó los "actos de violencia" y llamó al diálogo para que "los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica", informa la AFP.
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