El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, dijo en conferencia de prensa que a raíz de la supuesta violación de una niña de 12 años de la comunidad embera chamí en Risaralda, en el centro de Colombia, en la que habrían participado siete militares que ya están detenidos, se realizó "una verificación detallada" de los casos de abusos sexuales por parte de militares.
"Dolorosamente, quiero comunicarles a todos los colombianos que desde el año 2016 hemos identificado 118 integrantes de la fuerza relacionados con casos de presuntos actos sexuales, abusivos y violentos contra menores de edad", dijo Zapateiro, citado por la agencia de noticia Europa Press.
Zapeteiro precisó que, del total, "45 han sido retirados del Ejército porque no son dignos", mientras los otros 73 casos "se están revisando de manera detallada teniendo en cuenta, entre otros elementos, el avance de las investigaciones penales".
"Continuaremos trabajando de manera coordinada y colaborativa con la Fiscalía y la Procuraduría para evaluar las decisiones administrativas que se deban tomar; queridos colombianos, confíen en que no dudaremos en adoptar todas las medidas", afirmó.
El comandante destacó además la política de "tolerancia cero a la violencia sexual" que hay en el Ejército, aunque destacó la "lamentable situación" que se produjo.
"Esto nos obliga a revisarnos interiormente y a fortalecer los diferentes procesos para que estos hechos, en los que inciden factores humanos individuales que no siempre pueden ser controlables, no se repitan", declaró, y aseguró que "se hará todo el esfuerzo institucional".
Por su parte, la vicefiscal Martha Mancera reveló que el Ministerio Público estaba investigando otros nueve casos de violencia sexual contra menores indígenas, mientras otros 40 ya llegaron a juicio.
Entre ellos mencionó el caso de otra niña de 12 años de la comunidad nukak makú de Guaviare, en el centro de Colombia, que habría sido violada por ocho militares en septiembre pasado.
En ese contexto, la exprocuradora regional de Amazonas Elsi Angulo relató a RCN Radio que sólo durante su gestión (2017-18) conoció al menos 12 casos de violencia sexual contra menores indígenas por parte de funcionarios.
"Dolorosamente, quiero comunicarles a todos los colombianos que desde el año 2016 hemos identificado 118 integrantes de la fuerza relacionados con casos de presuntos actos sexuales, abusivos y violentos contra menores de edad", dijo Zapateiro, citado por la agencia de noticia Europa Press.
Zapeteiro precisó que, del total, "45 han sido retirados del Ejército porque no son dignos", mientras los otros 73 casos "se están revisando de manera detallada teniendo en cuenta, entre otros elementos, el avance de las investigaciones penales".
"Continuaremos trabajando de manera coordinada y colaborativa con la Fiscalía y la Procuraduría para evaluar las decisiones administrativas que se deban tomar; queridos colombianos, confíen en que no dudaremos en adoptar todas las medidas", afirmó.
El comandante destacó además la política de "tolerancia cero a la violencia sexual" que hay en el Ejército, aunque destacó la "lamentable situación" que se produjo.
"Esto nos obliga a revisarnos interiormente y a fortalecer los diferentes procesos para que estos hechos, en los que inciden factores humanos individuales que no siempre pueden ser controlables, no se repitan", declaró, y aseguró que "se hará todo el esfuerzo institucional".
Por su parte, la vicefiscal Martha Mancera reveló que el Ministerio Público estaba investigando otros nueve casos de violencia sexual contra menores indígenas, mientras otros 40 ya llegaron a juicio.
Entre ellos mencionó el caso de otra niña de 12 años de la comunidad nukak makú de Guaviare, en el centro de Colombia, que habría sido violada por ocho militares en septiembre pasado.
En ese contexto, la exprocuradora regional de Amazonas Elsi Angulo relató a RCN Radio que sólo durante su gestión (2017-18) conoció al menos 12 casos de violencia sexual contra menores indígenas por parte de funcionarios.
"Yo le puedo decir que no es una docena, son muchísimos más porque en el Amazonas hay un pacto de silencio en las comunidades, todos los corregimientos tienen este problema", sostuvo.
Angulo denunció que la mayoría de los casos quedan impunes, no sólo en el ámbito penal sino también en el disciplinario, porque, entre otras cosas, los abusos se suelen producir en zonas remotas de difícil acceso a donde no llegan las instituciones.
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