El Gobierno de Tucumán intervino para permitir avanzar con la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) de la nena de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela. Sin embargo, no fue una aborto, sino una cesárea. El bebé está en una incubadora en el Hospital del Este Eva Perón, de la ciudad de tucumana de Banda del Río Salí, donde también permanece la nena.
Según el sitio "Tucumán a las 7", el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) había ordenado a las autoridades del hospital que se realice el procedimiento en función de "salvar las dos vidas".
La nena, que se encuentra internada allí desde el 31 de enero, luego de ingresar con "autolesiones" por intentos de suicidio, como consecuencia de las vivencias que está atravesando, "se encuentra bien", manifestó esta mañana en Buen Miércoles, Fernanda Marchese, titular de la organización Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
La agrupación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que acompaña a la familia, denunció que en la puerta del hospital hubo agentes del Ministerio Público Fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando los datos personales de quienes lo practicaron.
"No sabemos bajo qué circunstancia se pidieron los nombres, si por la causa penal de la violación o por qué. Lo cierto es que la presencia de agentes judiciales es intimidatoria", explicó a minutouno.com Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes que vienen acompañando a la familia de la nena.
La víctima se encuentra fuera de peligro, pero se trata de un atropello más a los derechos humanos ya que una cesárea no es una ILE, sino una forma de parto, denunciaron desde ANDHES.
"Estamos hablando de que una interrupción legal del embarazo forma parte de nuestro Código Penal desde 1921", subrayó Marchese y agregó: "Ahora tenemos que saber por qué tardaron tanto en aplicar el protocolo. Nunca se tendría que haber llegado a esta situación ya que era un caso perfectamente tipificado con relación a lo que aparece en la ley".
"Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", pidió la menor, al reclamar que le practiquen un aborto. Se lo había dicho a una psicóloga del hospital, donde está internada, y consta en la historia clínica, según revelaron fuentes judiciales.
Según informa el diario Página/12 recién este martes, el sistema provincial de salud de la provincia informó ante un requerimiento de la jueza Valeria Brand que puso en marcha las acciones necesarias para garantizar la ILE y cumplirá con el protocolo de atención de estos casos.
El embarazo de la menor rondaba las 24 semanas. En casos de violación, la práctica del acceso al aborto legal está contemplada en el Código Penal desde 1921 y fue convalidada por la Corte Suprema en el fallo conocido como FAL en el 2012.
La abogada Soledad Deza, de la entidad Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, advirtió que en el caso de la niña "hubo un accionar político conservador iniciado desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público, dirigido meticulosamente a intentar que Tucumán vuelva atrás en derechos.
"El caso es bisagra porque evidencia el accionar articulado desde lo institucional para obstruir el acceso a la salud de la niña", advirtió la letrada en declaraciones al portal del diario Página 12.
Por su parte, la abogada Florencia Vallino, de la organización de derechos humanos Andhes, que representa a la familia de la niña, denunció en el mismo medio "la serie de vulneraciones de derechos" que sufrió la misma.
Esa acción, según Vallino, implicó "dilaciones injustificadas para evitar aplicar el protocolo de atención de la interrupción legal de embarazo".
UN CASO Y OTROS ABUSOS
La nena fue al hospital por dolores de panza y manifestó que la pareja de su abuela, un hombre de 65 años, la había violado cuando los dos se habían quedado solos en la casa.
La madre de la niña hizo la denuncia y el sospechoso fue detenido. Según trascendió, la Justicia había quitado la tutela legal a la mamá de la nena en el 2014 debido a que su concubino, imputado en otra causa penal, habría abusado a dos hermanas de la menor ahora embarazada.
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