Los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el denominado triple crimen de General Rodríguez, se fugaron esta madrugada de la cárcel de General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales.
A raíz de esa situación, el gobierno de María Eugenia Vidal dispuso la "remoción" de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Los tres hombres se fugaron de la Unidad Penal 30 de General Alvear: "Lograron escapar a las 3 de la mañana vistiendo ropas oscuras utilizadas comúnmente por personal del servicio penitenciario, tras amenazar con un arma de fuego a la guardia", indicaron las fuentes.
Los prófugos habían sido condenados a prisión perpetua por los asesinatos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, ocurridos el 13 de agosto de 2008 en General Rodríguez.
Lograron salir de la unidad penitenciaria utilizando como rehenes a personal del servicio, dijeron voceros al tanto. En ese marco, el gobierno bonaerense dispuso la remoción de las autoridades del SPB al igual que el jefe de la Unidad Penal y, en un comunicado anunciaron que "el nuevo jefe del Servicio es Fernando Díaz, subjefe del servicio penitenciario nacional".
Además de la remoción de autoridades, el gobierno resolvió que se inicie una investigación interna. En tanto, personal de Fuerzas Federales, Interpol, la Agencia Federal de Inteligencia y la Policía de la provincia montaron operativos para tratar de dar con los tres internos.
Durante la campaña electoral el triple crimen de General Rodríguez volvió al centro de la escena cuando uno de los hermanos Lanatta, Martín, salpicó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández con ese caso.
Lanatta declaró ante la Justicia que el ex candidato a gobernador bonaerense le pidió que gestionara armas y permisos ante el RENAR (Registro Nacional de Armas) para allegados y dirigentes políticos y gremiales.
Entre los supuestos beneficiados figuraban, según Lanatta, su secretario privado, Diego Alazar González, el camarista de Casación bonaerense Federico Domínguez (procesado en uno de los expedientes de la causa AMIA), el líder del sindicato rural (UATRE) Gerónimo "Momo" Venegas y el ex ministro del Interior durante el menemismo José Luis Manzano.
Según Lanatta, en 2007 gestionó permisos y armas para varios personajes que luego cobrarían notoriedad, entre los que figuraban Sebastián Forza, uno de los muertos del triple crimen de General Rodríguez.
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