La decisión del Gobierno de retirar la concesión a la empresa AEC Sociedad Anónima, una compañía que pertenece al grupo del cuestionado empresario Cristóbal López, se basó en varios puntos relacionados con el estado de la concesión que, finalmente, derivaron en decenas de multas a la firma operadora.
De acuerdo con el decreto 1010, publicado en el Boletín Oficial el miércoles pasado, Vialidad Nacional constató baches en la calzada equivalentes a 4794 metros cuadrados, 33,1 kilómetros de deficiencias en banquinas pavimentadas, 5,6 kilómetros de ahuellamientos en calzada y 5578 metros cuadrados de fisuras en calzada a lo largo de toda la traza.
"Se detectó un deficiente estado de conservación y mantenimiento del acceso Ricchieri. Sólo durante el año 2016 se labraron 105 actas de constatación de diversa gravedad referidas a banquinas pavimentadas en mal estado, baches o desprendimientos y hundimientos en calzada principal y/o colectora, fisuramiento de calzada principal y/o colectora, ahuellamiento de calzada principal y/o colectora, deficiencias en mantenimiento de alcantarillas, desagües y obras de arte mayores; elementos de señalización vertical deteriorados; demarcación horizontal faltante; defensas, fallas en el sistema de iluminación; incumplimientos relacionados con la atención al usuario, estaciones de peaje, estado de los edificios; incumplimiento de instrucciones impartidas; inversiones no realizadas", dice el informe que terminó con la concesión de López.
Según el detalle, esas multas aplicadas, facturadas y adeudadas por AEC al Estado ascienden a 1978 millones de pesos. A ese monto se deberán sumar los intereses por falta de pago, con lo que la deuda por este concepto llega a 2312 millones de pesos.
Pero además, al 28 de febrero de este año la concesionaria adeudaba la suma de casi 600 millones de pesos en concepto de recurso de afectación específica (RAE), una tasa destinada a hacer obras en la traza que paga cada uno de los automovilistas que pasan por una cabina de peaje y que debe ser depositado por el concesionario. La empresa de López retuvo todos los depósitos de 2014, 2015, 2016 y 2017.
Por otra parte, en octubre de 2013, la empresa Esuvial, de Cristóbal López, adquirió el control de la mayoría del paquete accionario de AEC por alrededor de 55,9 millones de pesos. A partir de noviembre de 2013, AEC, dueña de la concesión, otorgó a su controlante Esuvial préstamos por 91,5 millones de pesos, que con intereses llegaban a 127 millones. "Esta conducta se encuentra fuera del objeto del contrato de concesión", concluye la resolución oficial.
Desde el pasado miércoles 6, el corredor es operado por el Estado a través de la empresa Corredores Viales, una sociedad anónima cuyos dueños son el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Vialidad Nacional. Más allá del cambio de administración y de modificaciones en las líneas gerenciales, todos los empleados pasaron a tener relación de dependencia con esta compañía de capital estatal. (La Nación)
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