El Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizó la semana pasada al Congreso en reclamo de la regularización de los pagos por el Programa Incluir Salud (ex PROFE, dependiente del Gobierno Nacional) y la adecuación arancelaria para una sustentabilidad real de los servicios.
La Ley 24.901 establece la obligación de dicho Programa de asegurar la cobertura prestacional de sus beneficiarios en tiempo y forma.
Sin embargo, “el atraso en los pagos por la atención brindada, principalmente del programa federal Incluir Salud, llega en algunos casos a los seis meses”, subrayó el sacerdote Pablo Molero, a cargo de la Comisión de Personas con Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires y máximo referente del Foro que organizó la convocatoria.
Dicho foro coordina las acciones de las diferentes federaciones y organizaciones del país que representan a las escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias.
¿De dónde deben salir esos fondos? De la Agencia Nacional de Discapacidad, un ente creado en septiembre del 2017 tras la eliminación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, y que desde el 15 de agosto tiene como director ejecutivo a Santiago Ibarzábal.
Sin embargo, a una semana de la convocatoria, que se replicó en varias ciudades del interior, el sector continúa inmerso en una gravísima crisis tanto para las personas con discapacidad como para los trabajadores que les prestan servicios.
“Esto significa que la prestación para miles de personas con discapacidad se está perdiendo, lo que las deja en situaciones aún más vulnerables que en las que ya viven. Cabe mencionarse que una gran mayoría, además de dejar de recibir un tratamiento para su problemática, están perdiendo su lugar de pertenencia, con amigos, comida, ambientes cálidos. Consecuentemente miles de familias pierden sus trabajos por tener que asegurar el cuidado las 24 horas a sus parientes y miles de profesionales de la salud van perdiendo su trabajo”, señaló a telefenoticias.com.ar Sabrina Saager, una terapista ocupacional con 14 años de experiencia en instituciones de salud.
“No se les está pagando a los micros especiales y los chicos con discapacidad los necesitan mucho. Tengo cuatro hermanos discapacitados que tienen la escuela demasiado lejos”, remarcó a telefenoticias.com.ar Gabriel Machado.
Por su parte, Laura Wasinger, que tiene un familiar que asiste al Centro de día San Alberto de Rafael Calzada, afirmó que “los que forman a los chicos se quedan sin su trabajo, pero lo más triste es ver que a los chicos les saquen su ilusión diaria de concurrir al centro, donde desayunan, almuerzan y meriendan, además de los talleres necesarios que se brindan. La familias estamos desesperadas”.
Telefe Noticias indagó cuál es la realidad de dos de las instituciones más tradicionales cuyo futuro está en riesgo por el cese de pagos.
Es el caso del Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole, que presta atención a 370 personas con discapacidad, a quien Incluir Salud no abona las prestaciones que se le brindan a sus beneficiarios desde hace siete meses, ha suspendido la entrega de medicamentos, no entrega los insumos dietoterapéuticos para las personas alimentadas por dispositivos enterales o sondas naso gástricas y no otorga cobertura de elementos ortopédicos y pañales.
“Las prestaciones se realizan con riegos de suspenderse. Agravada esta situación debido a la falta de adecuación de los aranceles pese a que se han dado en las paritarias correspondientes un incremento del haber del 27.5 %, para todo el personal de la sanidad”, indican las autoridades de una institución que cumplió 83 años de servicios.
El cese y el retraso de pagos por parte de las obras sociales también afecta seriamente a la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (APANA) de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, que trabaja hace más de 50 años dentro del campo de la discapacidad.
“Sin un pago sistemático y sostenido por parte de las obras sociales la institución no puede continuar prestando el servicio a la comunidad”, señalan desde APANA, donde concurren 70 personas con discapacidad -40 por ciento de los cuales son beneficiarios de Incluir Salud- y que son atendidos por un plantel de más de 50 trabajadores y profesionales.
“Solicitamos una regularización urgente de la deuda de Incluir, que asciende a valores que superan los 3 millones de pesos”, reclaman desde Paraná.
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