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Portada  |  03 diciembre 2019

Madre culpable por no tener recursos: sus hijos son adoptables, determinó la Justicia

"El Estado se constituye en mero espectador y luego verdugo", señala el defensor oficial Juan Alberto Lucas, de la Unidad Funcional de Defensa N°1 de Olavarría, en un recurso para apelar una sentencia de Cámara que decretó el estado de desamparo y adoptabilidad de cuatro niños que fueron alejados de su madre, por quien el Estado arbitró medidas de dudosa eficacia o directamente violentó.

Por Gabriela Cerioli

Hace unos meses telefenoticias.com.ar dio a conocer el caso de una mamá de Laprida que se trepaba a la medianera de la escuela para poder ver a sus cuatro hijos judicializados por sus falencias socio-económicas.

Lejos de resolverse, la situación de Gloria Arrúa empeoró: cuando se asoma, detrás del muro ya no están sus cuatro hijos, sino tres de ellos. Es que Matías, de 8 años, fue acogido por una familia en guarda preadoptiva en Bahía Blanca, alejado de sus hermanos, pese a que una y mil veces Gloria demostró que era una madre responsable y capaz de dar afecto a sus hijos.

"De la realidad de los hechos se sigue que nunca fue una madre abandónica, sino una madre víctima de la violencia, con dificultades económicas y con falta de recursos psicológicos, educacionales y sociales, que sin duda hacen dificultosa su relación con sus hijos, pero ello no implica que sea irreversible lograr un cambio", señala su defensor oficial Juan Alberto Lucas, a cargo de la Unidad Funcional de Defensa N°1 (Civil, Comercial y Familia) de la ciudad de Olavarría en el recurso extraordinario interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que reconsidere la sentencia mediante la cual la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala I confirmara el 24 de octubre pasado el estado de desamparo y adoptabilidad de los niños y destruyera una familia con carencias.

La defensa de Gloria solicita la desinstitucionalización y entrega de los niños a su madre dentro de un ámbito de seguimiento y apoyo institucional integral en el hogar materno de acuerdo a la normativa vigente de protección de los derechos del niño.

"No puede considerarse que una madre no se interesa por sus hijos, cuando además de visitarlos en todo momento en que el Hogar se lo permitió, comenzó por sus medios a movilizar un cambio en su vivienda para poder mejorar la vida de sus hijos y poder recibirlos en mejores condiciones", agrega el letrado en su recurso.

Este mes Gloria, de 34 años, terminará el ciclo primario con buenas notas. Su objetivo ahora es conseguir un trabajo y una vivienda digna que le permita recuperar a sus hijos, algo que el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño (SLPPDN) no logró.

"El SLPPDN ya tiene 'una bajada de línea' de lo que puede ofrecer el Municipio y directamente no intenta requerir u ofrecer los recursos que serían necesarios para cada caso", reclama el Dr. Lucas. Por supuesto, tampoco se auto-inculpará en los informes que requiere la Justicia para evaluar su labor. "Solo se limitan a descargar la responsabilidad del incumplimiento de las metas propuestas a la familia y no al Estado mismo" como requieren las leyes, apunta.

Peso a ello, desde el Municipio de Laprida tienen la conciencia tranquila. "Como Municipio y yo particularmente como subsecretaria de Desarrollo Social y responsable del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño/a y Adolescentes, hemos cumplido lo que nos dictaminó la Justicia", señaló a telefenoticias.com.ar Soledad Fischbach la semana pasada.

"Puedo asegurar que se trabajó con esta madre durante los años posteriores a efectivizar la medida de abrigo inicial que determinó la Justicia", añadió la Subsecretaria del área social.

Para la defensa, si se trabajó, no fue suficiente. El Estado no arbitró los recursos necesarios y asistencias efectivas para que Gloria pudiera asumir las responsabilidades de madre y crianza de sus hijos: "Ninguno de ellos fue efectivo y/o dio resultados (...) se trata de una falta de intención cierta o en su caso falta de efectividad de parte del Municipio en obtener una vivienda". De hecho, la sentencia de octubre se basaba en informes del Municipio en los que éste admitía que no pudo recuperar viviendas que "le pertenecen pero se encuentran usurpadas" o que "han ofrecido colaborar con el pago de alquiler de vivienda, pero no se ha encontrado al momento viviendas disponibles para alquilar".

La defensa cuestiona: "Es casi unánime la opinión de los jueces de familia en cuanto a que los órganos administrativos no funcionan debidamente, pero sin embargo continúan confiando ciegamente en sus informes y supuesta actuación diligente".

Así, "el Estado se constituye en mero espectador y luego verdugo", señala el Dr. Lucas.

Asimismo, entre sus argumentos para que la Cámara revierta su sentencia, la defensa aduce que si bien "como primera medida, en el marco de la ley de violencia familiar, se solicitó en el Juzgado de Paz Letrado de Laprida la exclusión del hogar de la pareja de Gloria" y padre de su hijo menor -el único que al día de hoy vive con ella-, desde el Juzgado "se informó que no se tomaría la medida por considerar que el hombre es el sostén de la familia".

De esta manera, transformaron la condición de víctima de violencia en una de las causas de la declaración de irreversibilidad por la que le quitaron a sus hijos.

"Sin duda no hay un ejemplo tan explícito de lo que implica una revictimización (...) e implicó un claro caso de violencia institucional", agrega Lucas. "Siendo que por ella misma no podía procurarse ingresos o recursos suficientes para mantener a sus hijos, se resolvió dejarla viviendo con su victimario, se la separó de sus hijos y desde ese lugar (conviviendo con el agresor) se le requirió que cambiase su realidad, sin brindarle ninguna ayuda económica ni social", explica el letrado.

Tampoco a los niños se les ofreció ni designó abogado para su defensa y/o asesoramiento, como establece la Ley 14.568 que creó en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la figura del Abogado del Niño.

Los chicos sufrieron el desmembramiento total de la familia y se los condenó a vivir en un Hogar. "El hecho de que se trate de cuatro hermanos de 13, 12, 11 y 8 que deberían ser acogidos por una misma familia hace que el derecho a crecer en una familia no se encuentre garantizado con la declaración de adoptabilidad, ya que las estadísticas y la experiencia de los operadores en la materia nos hacen concluir que en estos casos existe poca factibilidad de ser acogidos y por lo tanto se los condena a permanecer por largos años y en algunos casos hasta llegar a la mayoría de edad, institucionalizados", concluye el Dr. Lucas.

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