La ley de Muerte Digna fue sancionada en 2012 por el Congreso de la Nación y permite a pacientes y familiares limitar los esfuerzos terapéuticos en los casos de "una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadío terminal".
La ley, aprobada el 9 de mayo de 2012 por el Senado y publicada en el Boletín Oficial el 24 de ese mes, no contempla la eutanasia ni el suicidio asistido.
El articulado reconoce el derecho de los pacientes cuando se trate de "una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadío terminal".
Los pacientes pueden negarse a recibir cirugías y medidas de soporte vital, cuando "sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría".
La decisión debe ser comunicada por el enfermo al médico y en los casos en que sea incapaz de hacerlo el derecho a la muerte digna puede ser manifestado por sus familiares o responsables legales.
El texto manifiesta que los pacientes podrán "rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadío terminal irreversible o incurable".
"En todos los casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente", dispuso la ley.
La sanción de la norma en el Senado de la Nación se produjo en el marco de un caso que se hizo público en ese momento sobre una niña que permanecía en estado vegetativo desde su nacimiento y cumplía 3 años en esa oportunidad.
La madre de la niña, Selva Herbón, pidió en ese momento a los legisladores la sanción de una ley autorice el retiro del soporte vital y permita una muerte digna a su hija, quien permanecía en estado vegetativo desde su nacimiento, internada en un centro de salud.
En la región, Brasil tiene desde septiembre de 2012 una ley que permite la muerte digna, mientras Colombia es el único país de América Latina que autoriza la eutanasia desde 1997.
La muerte digna está contemplada en la legislación de países europeos como Suiza, Holanda, Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, España, Alemania, Noruega e Italia.
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