El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió intervenir por un plazo de dos años la Fundación Felices los Niños al encontrar serias falencias administrativas y de gestión: desde 2008 la institución no presenta información contable, balance ni memoria de los $ 18 millones que la provincia le entrega por año.
La Dirección de Personas Jurídicas, que depende del Ministerio de Justicia bonaerense, decidió que una comisión liquidadora intervendrá la fundación que presidía el padre Julio César Grassi antes de quedar preso por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Los interventores, que desplazarán al actual director civil de la Fundación, Juan Manuel Casolati, serán los abogados Ramiro Colombo, Paula Expósito y Pablo Grillo.
La intervención realizará un inventario de la situación de bienes muebles y documentación, del estado dominial y de ocupación de los bienes inmuebles de la fundación. También revisará la situación económico-financiera, especialmente en lo referente al pasivo corriente y no corriente, indicaron fuentes del gobierno.
Desde el año pasado la Fundación fue intimada por la provincia a presentar la información contable en varias oportunidades. A principios de este año, Casolati entregó una propuesta para hacer llegar la documentación en un plazo de cuatro meses. Pero no cumplió. Durante este año, se le impidió a personal de la Provincia ingresar en los centros de la fundación para controles y verificaciones.
Grassi fue condenado el 10 de junio de 2009 por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón. Desde ese momento, la fundación estuvo acéfala, hasta que en 2014 la gestión provincial de Daniel Scioli la intervino por 90 días para restablecer el consejo de administración. Por eso asumió, en enero de 2015, Casolati, que integraba el consejo anterior.
"Los primeros días de diciembre me reuní con él y con la mujer y les expliqué las implicancias que tenía el no cumplimiento de las normas. A mediados de diciembre presentaron con un contador un plan que decía que en los cuatro meses iban a cumplir con todas las obligaciones legales. Y no lo cumplieron", dijo a Leonardo Jakim, director provincial de Personas Jurídicas, informa La Nación. Si no interpone ningún recurso judicial, en 20 días Casolati no presidirá la fundación.
Esta intervención forma parte del programa de fiscalización de las fundaciones en la provincia. "En junio pasado empezamos con un control de todas las fundaciones. Tenemos 2875 en la provincia, de las cuales hay intimadas 685 por distinto tipo de incumplimiento", afirmó el ministro de Justicia Gustavo Ferrari.
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