El Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, abrirá finalmente en los próximos días el Sanatorio Antártida, que inauguró dos veces en los últimos once años, pero que nunca pudo poner en marcha porque no conseguía la habilitación, gracias a un permiso especial con carácter excepcional que le otorgó el gobierno porteño y que mantendrá su vigencia mientras dure la emergencia sanitaria, según Infobae.com.
La apertura de ese establecimiento del barrio de Caballito habría sido acordada entre Moyano y el gobernador Axel Kicillof porque se destinaría a la internación de pacientes contagiados por el coronavirus que derive la provincia de Buenos Aires, que, de acuerdo con lo convenido, se haría cargo de los gastos de mantenimiento, de personal y de insumos que se requieran.
El Sanatorio Antártida ocupa dos parcelas de 23.995 metros cuadrados en total. El edificio principal, ubicado en la avenida Rivadavia 4978, entre José María Moreno y la peatonal Beauchef, tiene 15.000 metros cuadrados que están repartidos en 14 pisos, capacidad para más de 300 camas y está equipado para atender varias especialidades como unidad coronaria (con 9 camas), salas de terapia intensiva (con 29 camas), pediatría, neonatología, preparto, guardia médica, laboratorio de análisis clínicos, laboratorio de inmunohematología y diagnóstico (que dispone de resonador magnético, salas de rayos X y tomógrafos, entre otros equipos). El otro edificio, sobre el mismo terreno, tiene su entrada en la calle Rosario 435 y está acondicionado para la atención en consultorios externos.
Sin embargo, el nuevo sanatorio de los Moyano parece tener una suerte de maldición: quebró en 2005, lo compró Camioneros en 2009, fue inaugurado en diciembre de ese año en un acto presidido por el entonces ministro de Salud Juan Manzur, no pudo abrir por falta de habilitación municipal y tuvo una segunda inauguración en enero de 2018 en un acto que encabezó el ministro de Trabajo Jorge Triaca, aunque siguió cerrado hasta ahora porque nunca consiguió la autorización final.
El porqué de la falta de habilitación en los últimos años dio lugar a acusaciones cruzadas: mientras el gobierno porteño aseguraba que los Camioneros nunca habían presentado los papeles, el sindicato se quejó de que los funcionarios de la Ciudad les habían dicho que perdieron los planos del sanatorio en una mudanza y dejó entrever que, en realidad, había motivaciones políticas. Es que en 2017 Moyano ya comenzó a distanciarse de Mauricio Macri, cuya candidatura presidencial había apoyado.
En abril de 2018 la diputada Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) denunció penalmente a Moyano por “el grosero desvío de fondos pertenecientes a la obra social, al sindicato y la mutual de camioneros a favor de un entramado pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector que han aportado recursos para garantizar su salud y distintos beneficios”.
La causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, que ordenó a la Corte Suprema de Justicia una pericia contable sobre los movimientos de fondos mencionados por Ocaña.
En septiembre de 2019, de acuerdo con el diario Clarín, las primeras conclusiones del informe de los peritos confirmaron que la estructura denunciada “funcionaba como tal: hay un circuito de fondos que iba del sindicato, hacia la obra social y desde allí a la gerenciadora propiedad de la familia Moyano”.
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