El programa pone énfasis en la movilización de productores, procesadores y distribuidores, con el objetivo de otorgar especial relevancia a la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia.
Por otra parte, crea en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social un registro de empresas y organizaciones que serán responsables de la recepción de los productos alimenticios y de su distribución gratuita a los consumidores.
Quedan sujetos a la posterior reglamentación del Poder Ejecutivo la designación de la autoridad de aplicación de la ley, los requisitos de protección de la salud que deberán cumplir las donaciones, la inocuidad de los alimentos perecederos y el procedimiento que se aplicará en la donación de productos que deban cumplir con cadena de frío.
El proyecto, aprobado por el Senado en 2017, fue modificado por la Cámara de Diputados este año, en un debate signado por la polémica en torno a la responsabilidad civil de las empresas sobre las consecuencias de sus donaciones.
¿QUÉ PASA CUANDO HAY DESNUTRICIÓN?
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La Cámara baja decidió eliminar la presunción de buena fe y la eximición de cualquier responsabilidad civil o penal ante la Justicia de parte de los donantes ante cualquier eventual problema que el consumo de los alimentos pudiera causar. Esto provocó un duro debate entre Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. La líder de la Coalición Cívica le
reprochó a ésta anteponer pruritos legales a la necesidad de agilizar el proceso de donación de alimentos.
Para los senadores, el cambio introducido por la Cámara baja atentaría contra el éxito del programa, por lo cual decidieron insistir, por unanimidad, en la redacción original del artículo. Una cláusula de características similares había sido vetada por el Poder Ejecutivo cuando se sancionó la ley de banco de alimentos, en 2004.
Según se manifestó durante el debate en el Senado del año pasado, con esta normativa se lograría rescatar y darle una finalidad solidaria a por lo menos el 10% de los productos alimenticios perecederos que se producen en el país y que las empresas suelen terminar desechando.
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