Según la resolución, la Corte ordenó que el caso sea investigado por el Juzgado de Garantías número 4 de Sa Isidro, que había rechazado intervenir argumentando su incompetencia por razones territoriales, ya que argumentaron que se desconoce el lugar donde se habría cometido el delito.
Sin embargo, el máximo tribunal, en coincidencia con el dictamen de fines de 2019 del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, tomó la decisión basada en que, según elementos de prueba, el denunciado, identificado como A.D.M., tiene domicilio registrado dentro del radio del departamento judicial de San Isidro.
La causa, por "publicaciones, reproducciones y/o distribuciones obscenas", se inició a partir de reportes emitidos por el National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec), una organización privada con sede en Estados Unidos, que lucha contra la explotación de niños y adolescentes.
Según esos informes, un individuo mediante su usuario de la red social Facebook, habría compartido en internet un archivo en el que "se observa a una niña menor de edad en actividades sexuales explícitas".
Al dictaminar, Casal acotó que "pese a no haberse identificado el lugar desde el que se compartió el material de pornografía infantil, en atención a que de las constancias obrantes surge que el titular del abonado telefónico asociado al usuario de la red social se domicilia en jurisdicción provincial, y entiendo que corresponde declarar la competencia del juzgado de San Isidro para continuar con la investigación de la causa".
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