El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, y a ex funcionarios kirchneristas por "defraudación contra la administración pública" en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la aplicación del programa Sueños Compartidos, de construcción de viviendas sociales.
El magistrado los procesó por el delito de defraudación en contra de la administración pública y sostuvo que fueron responsables del desvío de más de 200 millones de pesos que debieron ser aplicados a la construcción de viviendas, según consta en el fallo de 552 páginas al que accedió esta agencia.
Entre los principales ex funcionarios procesados se encuentran el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y su ex subsecretario, Abel Fatala, quienes fueron acusados de haber posibilitado la adjudicación de fondos públicos a la fundación que tenía como apoderados a los Schoklender.
Martínez de Giorgi sostuvo que Bonafini -a quien durante todo el fallo trata como Pastor, por su apellido de soltera- "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación (los hermanos Schoklender) que ella misma había instituido, y que, en tal sentido, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución".
Sobre los hermanos Schoklender aseguró que, "en connivencia con funcionarios públicos nacionales, se valieron del 'prestigio' de la fundación en materia Derechos Humanos para conseguir los fondos públicos y gestionarlos de manera indebida sin despertar sospechas".
EL FALLO COMPLETO
LA CAUSA Y SUS GIROS
La causa conocida como "Sueños Compartidos" se inició en el año 2011 y recayó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide, que detuvo a los hermanos Schoklender, famosos protagonistas de un parricidio en los años 80. Hebe de Bonafini había adoptado como "un hijo" a Sergio cuando en los años '90 obtuvo la libertad.
El escándalo enfrentó a Sergio Schoklender con Bonafini, quien responsabilizó a su ex protegido de haberle robado el dinero de la Fundación y se desligó de todas las irregularidades en el caso. Sergio Schoklender se defendía acusando públicamente a De Vido y a López.
En 2013, tras una serie de fallos críticos, la Cámara Federal apartó a Oyarbide de la investigación y desprocesó a los Schoklender, momento a partir del cual la causa quedó en manos de Martínez De Giorgi, quien tras un proceso de auditorías, informes y recupero de información derivó en llamados a indagatorias.
Parte de esas viviendas "habrían detraído luego de su destino específico -con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas", señaló el juez en los llamados a indagatorias.
Fuente: Télam y DyN.
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