Luego de muchas idas y vueltas, se postergó el tratamiento del proyecto de ley "antibarras" para combatir la violencia en el fútbol, y según lo acordado, se debatirá el martes 18 de diciembre en otra sesión extraordinaria.
Pese a los denodados esfuerzos de un sector del oficialismo para arrimar posiciones en torno a una postura unificada, las dudas en torno a la redacción persistían, no sólo en la oposición sino también al interior de Cambiemos.
El escaso tiempo desde que ingresó la semana pasada al Congreso el proyecto elaborado por el Ministerio de Seguridad hasta la sesión de este jueves conspiró contra las posibilidades de votar el proyecto en el recinto sin dilaciones.
"Hemos legado a un acuerdo de postergar el proyecto denominado ´Régimen Penal y Contravencional para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos´ para el martes 18", anunció el presidente de la Cámara baja pasadas las 18:00.
La iniciativa había sido incluida por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias luego del escándalo por los episodios de violencia en las inmediaciones del estadio Monumental en la malograda "Superfinal" de la Copa Libertadores entre River y Boca, con el objetivo de mitigar las críticas por el fallido operativo de seguridad.
Una iniciativa similar había sido presentada por el Poder Ejecutivo en el 2016, pero perdió estado parlamentario al no tratarse el tema.
Este jueves, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Deportes, el oficialismo había logrado firmar el dictamen para poder debatirlo en el recinto, pese a que la mayoría de los bloques lamentó no haber tenido más tiempo para debatirlo en comisiones.
Cuando todo hacía suponer que el proyecto iba a someterse a votación, tras incorporar aportes de otras propuestas, finalmente primó la postura de posponer el debate por parte del Frente para la Victoria-PJ, que había sido el único bloque en presentar un despacho de minoría.
Puntos clave del proyecto:
- Se tipifica bajo la figura del "Accionar de grupo" a "la asociación o grupo de tres o más personas que esté destinado a cometer con habitualidad" los delitos asociados a las prácticas barrabravas, y se les aplica una pena de prisión de 2 a 8 años a quienes pertenecieran a esos grupos.
Para los jefes, organizadores o quienes contribuyesen con el financiamiento de estos grupos, la pena mínima establecida es de cuatro años.
- Se contemplan condenas de 2 a 6 años para quien "tuviere en su poder, introdujere, guardare o portare armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización".
- En el caso de objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxico, se estipulan penas de entre seis meses y dos años.
- Por otra parte se asignan penas de entre dos a seis años de prisión a las agresiones o intimidaciones grupales, elevándose a ocho años la pena máxima si se emplearen armas de fuego.
- La sanción prevista por la entrega de entradas a barrabravas por parte de dirigentes o futbolistas es una pena de prisión de entre uno a tres años.
- La facilitación de ingreso a personas sin entrada al estadio en los días de partidos lleva una pena de uno a seis meses, y de seis meses a dos años si dichas personas son barrabravas.
- En cuanto a la venta de entradas falsas, la pena estipulada es de entre seis meses a dos años, y de dos a ocho años ocho si el delito fuera cometido por dirigentes, deportistas del club en cuestión o barrabravas.
- El proyecto de ley también aborda otras problemáticas colaterales como los abusos de los "trapitos" o cuidacoches que lucran sin autorización en un radio de dos kilómetros a la redonda del estadio.
Las penas fijadas van de uno a seis meses de prisión, y de dos a cuatro años si el pedido de dinero por el cuidado del vehículo "se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable".
- También se contemplan penas de uno a tres años de prisión para personas que inciten avalanchas en las tribunas.
- Se prescribe como pena accesoria a la condena la inhabilitación de seis meses a cinco años para concurrir a todo tipo de espectáculo futbolístico, y también la inhabilitación para ejercer cargos públicos (por el doble de tiempo de la condena) a los funcionarios que sean identificados como instigadores, partícipes o autores de delitos comprendidos en esta norma.
- Se establece una pena de prisión de seis meses a tres años a aquellas personas que "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes" desde o hacia los estadios durante los días de partido.
- Se fija la posibilidad de juicio abreviado, previo acuerdo entre el fiscal y la persona imputada.
"En tal caso, el fiscal podrá determinar el requerimiento de pena dentro de una escala reducida en un tercio del mínimo y el máximo aplicables. El imputado, con asistencia de su defensor, deberá aceptar en forma expresa los hechos materia de la acusación, su participación en ellos, los antecedentes de la investigación en que se funda la acusación, la tipificación de los hechos y la pena requerida por el fiscal", señala el proyecto.
- Sanción a los clubes: se impondrá multa equivalente a 300 a 10.000 días al club de fútbol si un dirigente o miembro de comisiones directivas tuviera participación en algunos de los delitos.
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