El expediente fue aprobado con 53 votos positivos de los bloques Juntos por el Cambio, UCR-Evolución, Socialismo y Frente de Todos -que en algunos artículos se abstuvo-, y cuatro en contra de las bancadas de la Izquierda, durante la sesión ordinaria que tuvo una participación de los diputados mixtas, con modalidad presencial y virtual.
La norma reforma la ley de Ética Pública de la Ciudad, del 2013, ya que aquella legislación "ha quedado corta en relación con los estándares internacionales", según señalaron desde el bloque Juntos por el Cambio, impulsor del texto sancionado.
Para ello, se dispuso la conformación de una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los tres poderes, "las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención".
Las oficinas trabajarán con distintos alcances en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial "sobre los principios y deberes éticos en el ejercicio de la función pública, regular las incompatibilidades, los conflictos de interés y los mecanismos de remoción y las respectivas sanciones por los incumplimientos".
La ley aprobada contiene también un nuevo esquema respecto de la obligatoriedad de los funcionarios de presentar una declaración jurada con la inclusión de aquellos que tienen a su cargo la elaboración y aprobación de pliegos y de los asesores de "los más altos cargos del Gabinete".
Y entre las competencias, figuran la recepción de "denuncias por incumplimientos, debiendo preservar la identidad del denunciante", así como "efectuar las denuncias ante la Justicia en caso de la detección de la posible comisión de un delito", y contempla un régimen de sanciones disciplinarias.
Durante el debate en el recinto, la diputada del Frente de Todos (FdT) María Rosa Muiños. juzgó que "en algunos puntos este nuevo proyecto reduce significativamente el estándar fijado en la ley de Ética Pública vigente, lo que implica un retroceso de la jurisdicción local en términos de prevención y combate a la corrupción".
La legisladora del oficialismo porteño Natalia Fidel dijo que "esta ley establece un sistema de integridad pública que incorpora la figura de nepotismo que hoy no está legislada y se dota de mayor institucionalidad, mejorando la autoridad de aplicación vigente".
En tanto, el diputado del FdT Santiago Roberto señaló que el proyecto, "más allá de los principios que enuncia, en los hechos va a ser de difícil aplicación".
Fuente: Télam
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