Ante el juez federal Sebastián Casanello el fiscal Federico Delgado pidió las indagatorias del extitular de AYSA Carlos Ben; el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Carlos Wagner y del extitular de Nación Fideicomisos Roberto Feletti, entre muchos otros.
Los pedidos de indagatoria fueron solicitados en la causa en la que se investigan la construcción de la Planta Depuradora del Bicentenario en Berazategui y la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, en base a los delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
La primer obra estuvo a cargo de las empresas Camargo Correa S.A. y Esuco –esta útima de Wagner– y la segunda de Odebrecht SA, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAICI y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
El fiscal Delgado pidió indagatorias para directivos de todas esas compañías. Entre ellos, Mauricio Couri Ribeiro, quien fue máximo directivo de Odebrecht en la Argentina en el período en el que la compañía reconoció que pagó 35 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014.
También solicitó las indagatorias de Feletti, Ricardo López Antonelli, Roberto Fabián Ríos, Esteban Alejandro Acerbo y de Enrique Osvaldo Arceo, ex presidentes del Nación Fideicomiso, entidad que financió parte de las obras. Y de Fabián López y Edgardo Bertolozzi, ex titulares de la Agencia de Planificación, quienes debieron supervisar las obras.
El fiscal destacó en su dictamen que la planta de Tigre tenía un valor inicial de 2.293.323.243,33 de pesos y terminó costando 5.150.390.531,94. Lo mismo con la de Berazategui: de 398.152.391,91 a 658.407.693,42 de pesos. "La necesidad de hacer obras derivó en corrupción", sostuvo.
Delgado basó su acusación en una auditoría que realizó el Centro Argentino de Ingenieros. La conclusión fue que "en ambas obras se detectaron, entre otras cosas, sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las cosas".
En su dictamen, el fiscal también hizo referencia a la propia confesión de los directivos de Odebrecht en los Estados Unidos sobre el pago de coimas a funcionarios para obtener negocios de obra pública.
Además citó un correo entre Raúl Biancuzzo, director de Operaciones de Aysa, y gente de Odebrecht sobre la planta en Tigre en el hizo referencia a la sigla DGI. Los directivos arrepentidos dijeron que esa sigla se utilizaba para hacer referencia a las coimas.
Hay otras dos investigaciones en marcha que podrían salpicar a la constructora involucrada en el Lava Jato que admitió que pagó coimas en la Argentina: una por el soterramiento del Sarmiento y otra por la ampliación de los gasoductos norte y sur.
Foto: www.acumar.gov.ar
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