El 13 de enero pasado la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación que le proporcionara información relacionada con la cantidad de indemnizaciones por terrorismo de Estado y nombres de las víctimas que dieron lugar a dichos beneficios.
"Pedimos la cantidad de indemnizaciones otorgadas conforme a la ley 24.411, por hechos cometidos en el contexto del terrorismo de Estado ejercido durante los períodos 12/10/1973 al 23/03/1976 y del 24/03/1976 al 09/12/1983; identidad de las víctimas que motivaron el otorgamiento de las indemnizaciones, monto y fecha del otorgamiento; cantidad de víctimas indemnizadas; cantidad de indemnizaciones otorgadas", afirma el abogado José Mangiocalda, titular de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional.
El 7 de febrero de 2016, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural se negó a brindar la información solicitada, con fundamento en que los datos en cuestión tienen carácter "sensible".
Dicho organismo argumenta que "la pertenencia a un listado de personas que percibieron una indemnización por causa de terrorismo de Estado, indirecta o implícitamente podría revelar información de carácter sensible, por más que no se encuentre expresamente registrada la afiliación sindical u opinión política del titular del dato."
Sin embargo, la información que se ha solicitado de ningún modo es "sensible" en los términos de la ley, y la actitud asumida por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural no hace más que profundizar las sospechas, diseminadas en amplios sectores de la sociedad, respecto de la ilicitud del otorgamiento de un sinnúmero de indemnizaciones.
La actitud del gobierno sólo profundiza la sospecha. ¿A quién protegen? https://t.co/rJ17KpqoSK
— José Magioncalda (@magioncalda) 9 de febrero de 2017
"Esta respuesta es sorprendente", asegura Magioncalda. "Nuestro petitorio no refiere a datos sensibles, sino a cantidades de indemnizaciones otorgadas y cantidad de víctimas que hubiesen generado el otorgamiento de indemnizaciones. Requerimos monto y fecha de otorgamiento de cada indemnización. No solicitamos datos personales y, sin embargo, no se informa lo requerido".
El artículo 2º de la Ley 25.326 define como "datos sensibles" a los "datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. "Es decir, el dato debe revelar cuál es la ideología o la afiliación sindical. Si sólo es una información a partir de la cual se pueden inferir esas circunstancias, el dato está fuera de esta definición y fuera de la prohibición de difusión que establece la norma", explica el abogado.
"Contradictoriamente el Estado Nacional se ha encargado de publicar numerosas ediciones del libro 'Nunca más' en las que no sólo aparecen nombres de víctimas de terrorismo de Estado, sino también su ideología y/o pertenencia sindical", enfatiza Magioncalda.
De este modo, "el área que debiera proteger los derechos humanos vulnera el derecho de acceso a la información pública y, en pos de una falsa actitud protectoria, logra que la sospecha recaiga sobre todos, cuando quizá -información mediante- debiera recaer sobre unos pocos", concluye.
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