En la tarde de este miércoles terminó la toma del juzgado federal de Esquel, que había sido ocupado por alrededor de 20 miembros de la comunidad mapuche Vuelta del Río, quienes denunciaron represión y golpes de las fuerzas de seguridad durante el mega-allanamiento del lunes y exigieron la renuncia del juez Guido Otranto, que investiga la desaparición de Santiago Maldonado.
El magistrado aceptó recibir en su despacho a representantes del grupo indígena. Rechazó, en cambio, la propuesta de los mapuches para que la prensa presenciara la reunión.
Escoltaban la puerta del juzgado 8 uniformados del cuerpo de infantería de la Policía Federal. Otranto se habría comprometido a investigar los excesos policiales durante el allanamiento del lunes en Cushamen, según contaron los Villar y Rogelio Fermín, al abandonar el juzgado.
En la dependencia judicial quedaron tres integrantes de la comunidad radicando las denuncias correspondientes. El lunes habría presentado un habeas corpus, que -según dijeron- no había sido aceptado por Otranto.
Desde el juzgado, horas antes se entregó una circular en la que informaba sobre la toma y sus efectos. "En los hechos ha paralizado la normal actividad judicial. Debido a la modalidad de la toma se ha iniciado un proceso de diálogo a cargo de los funcionarios de este juzgado", se explica en la nota de prensa oficial.
Foto: Gentileza Clarín
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