Mientras en Argentina el desfile de ex funcionarios y empresarios ligados a la construcción de obras financiadas por el Estado continúa a diario en los Tribunales federales, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, envió el mes pasado al Congreso un proyecto de ley de transparencia en la obra pública con el que apunta a generar un modelo más claro que el actual.
La norma fija pliegos gratis, control de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN), y publicidad de los actos, aunque deja espacio para la confidencialidad. Entre otras sanciones, para los privados prevé suspensión del registro.
La búsqueda de procesos claros en la gestión empresaria también desvela a directores y CEO’s. La empresa nacional de telecomunicaciones Arsat y la Fundación Poder Ciudadano firmaron en julio un convenio marco de cooperación para implementar proyectos y acciones conjuntas tendientes a promover la transparencia en esa empresa estatal.
Desde el año pasado los controles de la función pública en materia de obras son complementados en Colombia con el análisis tecnológico de la conducta ética de los funcionarios que intervienen en las licitaciones a través del polígrafo –comúnmente denominado “detector de mentiras”, diseñado para registrar las variaciones que se generan en la presión arterial, el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria ante determinadas preguntas.
Para garantizar la transparencia en los procesos licitatorios, en 2015 Colombia contrató al Instituto Latinoamericano de Poligrafía para ejecutar un plan piloto dentro del pacto de transparencia promovido desde el gobierno.
El director del Instituto Nacional de Vías de Colombia, Carlos García, se sometió a la prueba del polígrafo para demostrar su transparencia en los procesos licitatorios de la entidad.
“Con el polígrafo buscamos demostrar transparencia en licitaciones. Me sometí al polígrafo como una demostración de ejemplo a mis funcionarios para que ellos voluntariamente lo hagan”, dijo públicamente.
García subrayó que dado que en Colombia no tiene validez jurídica la prueba del polígrafo, lo único que puede hacer la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es separar del proceso a quien no la pase.
Por su parte, la Cámara Pública rusa propuso en julio un programa nacional en el que los funcionarios públicos, políticos e incluso activistas civiles se sometan a pruebas del polígrafo para detectar y purgar a todos aquellos que previamente estuvieran involucrados en tramas de corrupción.
“Proponemos que estas pruebas sean realizadas a todos los candidatos a puestos en la administración pública antes de que sean empleados oficialmente y también a cualquier figura pública”, declaró el jefe adjunto de la comisión de la Cámara Pública, Dmitry Galochkin, al diario Nezavisimaya Gazeta.
Galochkin indicó que esto también se aplicaría a todos los parlamentarios de la Cámara Baja. Sin embargo, en la actualidad las pruebas del polígrafo son estrictamente voluntarias, en parte porque la ley rusa no contiene normas relativas a este procedimiento.
Cabe preguntarse si los funcionarios y políticos argentinos estarían dispuestos a someterse a un plan que analice su voz, su retina o sus pulsaciones al momento de evaluar su honestidad.
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