Un juez en lo Contencioso Administrativo avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político con intervención del Congreso.
El juez Pablo Cayssials declaró “inconstitucional” un artículo de la ley de Ministerio Público que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas en que puede ser removido del cargo.
El fallo fue adoptado ante sendos planteos de la ONG Será Justicia y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ambos enrolados en el ala más conservadora del derecho.
El artículo de la ley que “establece que el Procurador General de la Nación sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecido en a Constitución Nacional, resulta contrario a lo dispuesto en ésta”, resolvió el juez Cayssials.
Para ello, citó jurisprudencia de la Corte Suprema y doctrina de constitucionalistas, entre ellos el ex canciller Rafael Bielsa.
“Una norma como la cuestionada en autos –dictada a los efectos de organizar el Ministerio Público Fiscal– no puede elípticamente modificar (la Constitución), ya que todo medio o forma diferente de los procedimientos regulares que aquélla establece para su reforma, renovación o cambio, tendrá el estigma de su inconstitucionalidad y convertirá en inválida la modificación que se incorpore”, sentenció el juez.
El fallo es apelable ante la Cámara del fuero, pero en los hechos despeja virtualmente el camino para que el Poder Ejecutivo pueda remover a Gils Carbó mediante una decisión administrativa.
Declarada inconstitucional la norma que equipara al procurador con los jueces de la Corte, no existe un mecanismo para remover al jefe de los fiscales, y ante ese vacío normativo el Ejecutivo podría recurrir a un decreto para sacar a la procuradora del cargo. (DyN)
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