El juez Claudio Bonadio ordenó este jueves detener a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través del pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a la AMIA en 1994, para lo que pidió a la Cámara alta que la despoje de los fueros que la protegen.
Conferencia de prensa de la Senadora Cristina Fernández https://t.co/MatUraYPUJ
— Unidad Ciudadana ☀️ (@UniCiudadanaAR) 7 de diciembre de 2017
Según fuentes judiciales, el magistrado, que ya encabeza otras causas que afectan a la exjefa de Esrado, dictó su procesamiento por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió su detención
al considerar que puede entorpecer la causa. También ordenó sobre ella un embargo de 50 millones de pesos.
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El Senado deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Cristina -que juró su cargo el pasado 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.
El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones aún se investigan en los tribunales, que apuntan a que el procurador fue asesinado.
Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutual judía, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.
En un dictamen de casi 500 páginas, Bonadio dictó otros procesamientos, varios de ellos con prisión preventiva: al exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y a Luis D'Elía, que ya fueron arrestados, y otorgó la prisión domiciliaria al excanciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud.
También fueron detenidos Jorge "Yussuf" Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, y el exlíder de Quebracho Fernando Esteche, al considerar que el delito imputado fue orquestado por la cúpula del gobierno pero contó con la colaboración de distintos funcionarios.
Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta en 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con el polémico acuerdo en el centro de atención, y dirigida por Bonadio.
Aquel pacto bilateral nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.
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