La acusación que elevaron al juez Julián Ercolini, se refiere a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo virtualmente monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Lázaro Báez.
Los fiscales entendieron que existió una planificación cuyo objetivo final era que Báez se quedara con esas contrataciones estatales, y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción de grandes obras sin que tuviera antecedentes para ello; luego instruyeron a funcionarios nacionales sobre la forma de disponer de las obras y, finalmente, direccionaron las adjudicaciones para el empresario kirchnerista.
En total, los fiscales pidieron 34 indagatorias, incluyendo al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; a Báez y su hijo Martín; a otros funcionarios que dependían de De Vido y a quienes manejaban las obras viales en Santa Cruz. Solicitaron además la inhibición general de bienes de todos los invlucrados.
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