Portada  |  22 octubre 2019

¿Por qué estalló la crisis en Chile?

Grupos violentos radicalizan desde hace cinco días una protesta social debido al alza del precio del subte de Santiago como detonante y que derivó en masivas manifestaciones que derivaron en choques con la policía, barricadas, incendios y saqueos. Ya hay 13 muertos.

Internacionales

La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos chilenos (US$1,17 aproximadamente). Ese fue el detonante de un profundo malestar.

Pese al anuncio del sábado del presidente Sebastián Piñera de suspender el incremento en el precio del transporte público, los ánimos de los manifestantes no se calmaron. Al contrario, las protestas se tornaron más violentas, con saqueos a supermercados, quema de una decena de estaciones de metro y buses, y ataques a cientos de instalaciones públicas.

Muchos chilenos dicen sentirse "abusados" por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad "justa".

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¿Cuáles son estas "deudas sociales" por las que reclama parte de la sociedad chilena? BBC Mundo centralizó esas deudas en seis items:

1. El sistema de pensiones

Dede 1982 el mecanismo provisional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.

Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.

Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar "pensiones dignas", y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.

2. Salud y desprotección

El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.

Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes. Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.

Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.

3. Transporte público: un problema sin resolverse

La red de transporte "Transantiago" (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 años con la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales.

Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile.

A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.

Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población.

Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.

4. Privatización del agua

Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas.

El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.

Además, se alega que es un sistema "absolutamente privado". Los privados hacen un "aprovechamiento" del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población.

5. Educación y la movilidad social

La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa "revolución pingüina", cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.

Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.

Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.

6. Abusos y corrupción

Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años.

Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008. Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.

Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.

De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas ganaron alrededor de US$23 millones cada una.

A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.

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