El martes próximo en la Cámara de Apelaciones de Nueva York habrá una audiencia por una multimillonaria demanda de indemnización del fondo Burford contra el país e YPF por los supuestos perjuicios de la estatización de esa empresa a los Eskenazi. El financista Aldo Ducler denunció tener toda la información que documenta que la forma en que los Eskenazi adquirieron las acciones fue fraudulenta. Con esa información podría caer la demanda contra el Estado argentino e YPF. Pero no fue el único que denunció esto. El 15 de julio de 2015 Mario Cafiero se presentó en los tribunales de Comodoro Py y denunció irregularidades en la tramitación de esa demanda del Grupo Petersen contra la Argentina.
Cafiero cuestionaba por qué, en 2012 cuando se estatizaron parcialmente las acciones de YPF sin abarcar las que detentaba el Grupo PETERSEN/Eskenazi, no se planteó con este grupo un acuerdo similar al que se hizo con REPSOL para la expropiación de las acciones de YPF, habilitando así al grupo la vía del reclamo internacional ante el tribunal neoyorkino que ahora se encuentra bajo la lupa. En la denuncia también se pide investigar la forma en la que el Grupo PETERSEN compró las acciones de YPF: casi el 100% de los montos por la adquisición provenían de créditos cuyo pago en su totalidad sería hecho con los dividendos de YPF, incluyendo fictos e ilegales e inclusive con el derecho al cobro de dividendos pasados, cuando el Grupo PETERSEN/Ezkenazi aún no era accionista de YPF.
Según esta denuncia, el círculo presuntamente fraudulento se cerró con la aprobación del punto n° 17 del Orden del día de la Asamblea Anual de Accionistas de YPF, a través del cual el Estado Nacional otorgó indemnidades a todos sus directores, síndicos y gerentes por cualquier reclamo contra sus personas con motivo o causa en su gestión al frente de la empresa. De este modo, se habría habilitado que desde el año 2012 se exima de responsabilidad a los directivos por no demandar al Grupo PETERSEN ni a la familia Eskenazi por el vaciamiento de YPF, y que esto mismo ocurriría en caso de no ejercer una adecuada defensa de YPF en el proceso que se estaría llevando a cabo en Nueva York cuyo reclamo indemnizatorio al Estado Nacional podría superar los tres mil millones de dólares.
Lo que debía investigar la justicia argentina en tiempo y forma, se vinculaba con determinar si detrás de un intricado cruce de nombres y sociedades se hallaba la toma de YPF por un grupo empresario afín al gobierno de turno que se hizo de un modo tal que podría haber generado un crédito que se está disputando en Nueva York y que le puede costar al país una millonada de dólares. La causa de Cafiero estuvo en manos del juez Daniel Rafecas hasta septiembre de 2016. Y desde ese entonces descansa en el juzgado de Ariel Lijo. Si la justicia hubiera avanzado con la denuncia de Cafiero, si lo hubiesen escuchado, quizás la audiencia del martes que viene no hubiese existido. El caso YPF revela el modo en que se hacen políticas públicas en la argentina: escasa responsabilidad y poca previsión.
Por Catalina de Elía @CatadeElia
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