El menor explotado tiene 17 años y era obligado a trabajar en una fábrica ilegal de ropa que funcionaba en el barrio porteño de Villa Real.
La investigación estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que acumuló las pruebas necesarias para obtener la orden de allanamiento. De esta forma, se rescató a un menor que era víctima de trata con fines de explotación laboral, se clausuró el lugar y se arrestó a los tres involucrados.
Asimismo se verificó que en el establecimiento se encontraba un niño de tres años y otros siete jóvenes, de los cuales tres eran menores. Los encargados, dos hombres y una mujer, fueron arrestados y puestos a disposición de la Justicia.
Los efectivos de la Prefectura Naval intervinieron junto a funcionarios del Programa de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas del Delito de Trata de Personas, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“En estos procedimientos nuestra prioridad es siempre proteger la integridad, tanto física como emocional, de las víctimas. Para eso hacemos un abordaje interdisciplinario, con distintas áreas del Estado, y brindamos toda la contención necesaria”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad.
El allanamiento se llevó a cabo a instancias del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.
En el inmueble se había establecido un taller clandestino de ropa en el que trabajaban, ilegalmente, ocho personas. El personal especializado tomó declaraciones a los jóvenes, corroborando que uno de los menores –de 17 años- era víctima de trata de personas con fines de explotación laboral.
Durante la inspección se detectó que arriba de la fábrica había una vivienda precaria en la que dormían habitualmente un matrimonio con dos niños. Según la pesquisa, el hombre también oficiaba como encargado del lugar y fue uno de los tres detenidos.
A instancias del Poder Judicial, los imputados fueron trasladados a la División Investigación Penal Administrativa de la Prefectura, en tanto que se clausuró el taller y se incautaron armas de puño, dinero en efectivo y documentación que permitirá el avance de la causa.
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