En un comunicado, los transportistas y las instituciones que trabajan junto a personas con discapacidad exigen "el pago mensaulizado del transporte, la actualización arancelaria para todas las prestaciones, la normalización de los pagos y una libre elección del prestador de transporte, entre otros pedidos".
"Desde octubre de 2013 denunciamos que la continuidad de los servicios para personas con discapacidad se encuentra en grave riesgo, debido a una importante desactualización arancelaria, la grave situación del transporte por no respetar la mensualización de la prestación y atrasos en los pagos que perjudican directamente a más de 100.000 personas con discapacidad y 90.000 puestos de trabajo que dependen de 1.000 instituciones de todo el país", explican.
"Se debe tomar conciencia de lo que implica que las personas con discapacidad que reciben prestaciones con alojamiento o requieren de transporte, puedan quedarse sin estos servicios esenciales, para así contar con una mínima calidad de vida", argumentan.
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